por Rafael Paz Narváez
En el caso de
El Salvador, la participación ciudadana es un proceso que arranca al comienzo
de la década de los años noventa, y que se constituyó a partir de tres
tendencias: En primer lugar, una tendencia autóctona que se deriva de la
participación popular; en segundo lugar, otra tendencia que tiene su origen en
la influencia externa, conformada especialmente por procesos de cooperación al
desarrollo y de asistencia a la población en situación de precariedad; y en
tercer lugar, una tendencia que se asocia a la reforma del estado, tal como es
concebida y aplicada por las sucesivas administraciones gubernamentales
salvadoreñas. Lo que la participación ciudadana ha llegado a ser y representar
es, en gran medida, una resultante de las confluencias y oposiciones entre
estas tres tendencias
De
una gestión social popular hacia la participación ciudadana
En lo que se
refiere a las tendencias autóctonas, se puede considerar que evolucionan de la
gestión social popular hacia la participación ciudadana. En El Salvador, la
tendencia práctica y metodológica de actuar
a partir de la comunidad aparece durante el conflicto armado como una
estrategia de supervivencia de las comunidades rurales y de la asistencia que
brindan las organizaciones no gubernamentales a las comunidades que habitaban
en las territorios que fueron escenarios del conflicto (Rodríguez, 1997), en
los cuales la comunidad civil llegó al grado de organizar la vida cotidiana
mediante poderes populares locales.
De acuerdo al
testimonio de María Ofelia Dubón Navarrete:[1]
Aquí en Chalatenango, la idea de
construir el poder popular surge de la necesidad de hacer la vida con toda esa
población que quedó fuera de la ley con la ofensiva militar de 1981 y que como
población civil necesitó organizar su vida. Después de la ofensiva, la primera
tarea fue impulsar la producción. Dos cosas eran las más urgentes, organizar a
toda esa gente, para que cultivara y también para que se auto-defendiera.
Fueron las dos necesidades mas sentidas de ese momento, de toda la población y
es así como surgen las secretarías de autodefensa y de producción. Después
surgió la necesidad de construir otra secretaría, encargada de que en las
comunidades hubiera botiquines. En alguna medida se fue consolidando esa
organización, ese ente digamos, que servia como de pivotillo para la comunidad
y después fue saliendo, una secretaría de asuntos jurídicos, para ir
resolviendo los problemas comunitarios, de relación entre las personas. Después
se agregó la secretaría de educación. Todo el 81 y el 82, estuvimos
construyendo con la población, haciendo labor, para sobrevivir y que
sobreviviera la tropa, pero en el 83 ya teníamos varios poderes populares
conformados y fue cuando se eligió la junta de gobierno sub-regional, que era
un organismo que dirigía los poderes populares. Cada poder popular tenía dos o
tres bases, y la junta de gobierno abarcaba a nivel de departamento, para el
caso de aquí, a nivel de Chalatenango. Con esa estructura se funcionó hasta
1987, y de cierta manera hasta 1992. (fragmento
editado a partir de entrevista a María Ofelia Dubón Navarrete)
Durante el
conflicto armado, tanto desde organizaciones no gubernamentales, como desde
gremiales, el principio metodológico de actuar
a partir de la comunidad se aplicó en la ejecución de proyectos de diversa
índole: para la atención primaria de salud, la provisión de servicios básicos,
la alfabetización de adultos, el apoyo a la micro empresa, la capacitación
vocacional, la defensa y recuperación del medio ambiente, la promoción de la
mujer, entre otros. Algunos autores inclusive afirman que la eficacia de dicha
metodología se demostró en siete municipios de Chalatenango, donde la
población, a pesar de quedar desatendida por el sistema estatal de salud
durante los 12 años de conflicto armado, presentó en 1992, al final de la
guerra, una tasa de mortalidad infantil de 25.12 por mil, abajo del promedio
nacional (37.31 por mil), precisamente porque organizó la salud pública local
mediante un sistema comunitario asistido por organizaciones no gubernamentales
(Rodríguez, 1997).
Esta tendencia
aún se encuentra arraigada en la amplia red de organizaciones no
gubernamentales y gremiales que gravitaron o surgieron alrededor del proyecto
de cambio revolucionario propio de los años setenta y ochenta. Mantiene una
base social tanto en zonas rurales, especialmente en las zonas de repoblación,
como urbano populares, y en algunos sectores laborales, sindicales,
estudiantiles y profesionales. Muchas de las redes de organizaciones orientadas
a la atención en salud, educación, medio ambiente, género y desarrollo,
protección civil y derechos humanos, entre otras temáticas, se formaron y
apropiaron del principio metodológico de actuar
a partir de la comunidad.
Lorena
Martínez, quien fue directora de CRIPDES (Asociación para El Desarrollo de El Salvador), lo expresa así:
Para el caso de CRIPDES como tal, hemos
retomado mucho de lo que es participación y de cómo la gente entra a conocer la
temática y como conocer que eso es lo que lleva al desarrollo local, pero
desarrollo en todos los aspectos: que promueva lo social, que promueva lo
económico, que promueva el pensamiento critico, que es como la profundidad que
pudiera darse de esa participación ciudadana. Originalmente, en ese concepto no
está tocado así, esa es una incorporación que nosotros le hacemos por nuestra
experiencia de trabajo organizativo y comunitario, que debe estar presente. O
sea, para nosotros no se trata sólo de que vamos a tener una sociedad que sea
participativa, sino que importa para adonde va con esa participación. (Lorena
Martínez)
La
incidencia de los organismos internacionales
Se pueden distinguir dos momentos y dos matices en la
incidencia que se ha promovido desde los organismos de cooperación. En el
primer momento, la cooperación internacional aparece involucrada en el
escenario del conflicto, de tal manera que, en la práctica, aparece bajo el
matiz de estar asociada a uno o a otro de los bandos en conflicto. El segundo
momento aparece con la firma de los acuerdos de paz.
Como antecedente inmediato, antes de la firma de la
paz, algunos organismos cooperaban con proyectos como el mencionado sistema
comunitario de salud en el oriente de Chalatenango. Este tipo de proyectos
fueron financiados principalmente por organismos de asistencia humanitaria
reconocidos en sus propios países como solidarios.
Por el contrario, en otros casos, el financiamiento y
asistencia técnica se canalizó hacia las instancias gubernamentales, en el
marco del programa contrainsurgente de la CONARA (Comisión Nacional de
Restauración de Áreas) y más adelante mediante la Secretaría Nacional de
Reconstrucción. La cooperación de la Agencia Internacional para el Desarrollo
(AID) de Estados Unidos y sus proyectos pasaron del escenario de la fase
contrainsurgente al escenario de la reconstrucción, mediante el plan
Municipalidades en Acción (MEA), que se realizó entre 1988 y 1995, ejecutando
más de 17,500 proyectos de infraestructura local, a un costo de 150 millones de
dólares. De esta manera, frente los esfuerzos de las comunidades en resistencia
en las zonas conflictivas por formar organismos de gestión social propios, la
AID implementó, Municipalidades en Acción (MEA), incorporando de hecho a los
gobiernos locales en la estrategia militar de las fuerzas armadas, provocando
un sesgo en la participación de la sociedad civil respecto a los gobiernos
locales (Rodríguez, 1997).
Con un matiz diferente, el programa PRODERE
(1986-1994), que operó en varios países de Centroamérica, se trazó el objetivo
fundamental de promover y facilitar la integración de la población
desarraigada, afectada por el conflicto político-militar, al sistema económico y social del país, así como también
el fortalecimiento de la sociedad civil y de las instancias locales del Estado.
En este sentido, PRODERE El Salvador puede considerarse como un intento de
concreción del enfoque de desarrollo humano sostenible, intentando que
población excluida del desarrollo y con altos índices de pobreza lograra acceso
a los servicios sociales básicos, a crédito, a capacitación e información y, en
especial, plantea de forma pionera, que su participación sea efectiva a nivel
local.
La operación de PRODERE fue posible en el contexto de
“la nueva situación política creada por los Acuerdos de Paz que permitió una
negociación del retorno de los alcaldes a sus municipios, a cambio de la
consolidación de las repatriaciones hacia contingentes de población que se
mantuvieron largos años en campamentos de refugiados en Honduras.” (Vázquez,
1995: 87)
PRODERE implementó la estrategia de Iniciativas
Locales de Desarrollo (ILDES), que se orientaban a darle una respuesta a las
necesidades básicas de la población bajo un criterio de desarrollo y no de
asistencialismo, buscando apoyar y facilitar la descentralización institucional
y la organización social, así como promover el involucramiento armónico y
sistemático de la población local en la solución de sus problemas y fortalecer
a la sociedad civil. Las ILDES se concebían como un proceso de planificación
estratégica caracterizado por tres rasgos distintivos: (1) promover y practicar
una metodología de tipo participativo, (2) facilitar la integralidad de los
proyectos y (3) generar capacidad de gestión en las poblaciones e instancias
locales.
PRODERE se propuso trabajar con una amplia visión para
fortalecer la participación real de la sociedad civil, coadyuvar a la
descentralización institucional, implementar proyectos productivos con un
impacto de largo alcance, organizar los servicios locales básicos y promover
mecanismos de desarrollo, bajo la condición indispensable la participación de
cuatro grandes actores: gobierno central, gobierno local, sociedad civil y
sector empresarial privado. Respecto a la población civil se especificaba que,
a través de sus diferentes formas de organización, se debe velar porque sus
necesidades reales sean satisfechas y por contribuir a la solución de sus
problemas específicos en salud, educación, producción y derechos humanos.
Por otra parte, “El desenlace negociador
de la guerra en 1992 abrió nuevos espacios para las municipalidades, siempre
auspiciados por AID” (Vásquez, 1995: 87) y organismos como el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), la Fundación Interamericana (FIA). Además
de la Unión Europea, así como numerosas agencia privadas o estatales de países
europeos, que “demuestran en diferente magnitud su interés por apoyar
iniciativas que se enmarquen en una estrategia general de promoción del
desarrollo local” y como parte sustancial del mismo, la participación
ciudadana. (Rodríguez, 1997). Así, se informa que "la Fundación
Interamericana… define el desarrollo local como un proceso participativo para
abordar y resolver diversos problemas socioeconómicos en un territorio
determinado, por medio de la formación de alianzas entre la sociedad civil, los
gobiernos locales y el sector privado, que conduzcan al desarrollo sostenible,
a la mejorar de la calidad de vida de
los grupos de bajos ingresos, y al fortalecimiento de la democracia en la
región." (En Rodríguez, 1997) Además se detalla que, algunas de las
primeras experiencias en planificación participativa fueron realizadas por RTI
(Research
Triangle Institute, operadora de AID) en 1998, a través de la contratación de organizaciones no
gubernamentales, aprovechando la cercanía y confianza de los ciudadanos hacia
varias de ellas, así como la evaluación de la efectividad de diferentes
metodologías para la elaboración Planes Participativos de Desarrollo.
De manera que la
cooperación internacional logró incidir en la promoción de espacios de participación
ciudadana, mediante la ejecución directa de programas, así como mediante el
financiamiento de proyectos, y la asistencia técnica a entidades del estado.
La
reforma del estado
El final del
conflicto bélico se convirtió en un período de transición que incorporó, con
mucha frecuencia de manera forzosa, la apertura de nuevos espacios para la
democratización del país, y de manera simultánea, una diferente manera de
desempeño del estado y de las grandes empresas nacionales. En esta dimensión,
entre los procesos más importantes al final de la guerra y de posguerra se
deben considerar los ajustes económicos estructurales y la modernización del
estado, que contempló la reducción de su aparato, la privatización de las más
rentables empresas públicas y la descentralización de funciones y competencias
hacia los 262 municipios del país, así como la desconcentración de algunos
aparatos ministeriales.
En 1989 el
gobierno central, bajo el control de la primera administración de ARENA
(Alianza Republicana Nacionalista) incorporó en el plan de gobierno la política
de descentralización y fortalecimiento municipal, íntimamente relacionada con
la modernización del aparato estatal; todo dentro de la visión del nuevo modelo
económico y social (neoliberal) que proyectaba implementar.
A principios
de 1991, el gobierno salvadoreño, bajo la administración Cristiani, solicitó a
PNUD (Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas), la realización de una
misión del Programa de Desarrollo Gerencial, para lo cual requirió una
Asistencia Preparatoria, que proporcionara las bases para la puesta en
ejecución de un proceso integral de modernización del Estado, a realizarse a
partir de 1992. Así, se redactó el Programa de Modernización del Estado, con la
participación de expertos internacionales, considerando las prioridades del
gobierno, para efectuar intervenciones a profundidad en áreas críticas, y
generar cambios en el resto del aparato institucional. (Morales Erlich y otros
1995). Como resultado de esta asistencia, la comisión de expertos
internacionales, sustentada en las prioridades del gobierno, inició el programa
de modernización, es decir, de la reforma del estado, que efectivamente comenzó
en 1992, incluyendo los siguientes elementos:
a)
Limitación de funciones del
estado. El papel del estado se define como subsidiario y sus funciones como
normativas, reguladoras, promotoras y facilitadoras de la actividad en los
sectores productivos.
b) Se proyecta reducir personal, considerándolo como excedente.
c)
Se proyecta un ordenamiento
institucional, con procedimientos eficientes y consistentes con el nuevo papel
del estado en la sociedad
d)
Mayor descentralización y
desconcentración en la prestación de servicios a la población, contando con el
fortalecimiento administrativo y financiero (bajo el lema de eficiencia y
eficacia) y la ampliación de cobertura de los gobiernos municipales.
Por otra
parte, impulsadas por las administraciones gubernamentales de Estados Unidos se
acelera una forma subordinada de integración económica de El Salvador y
Centroamérica, aprovechando el contexto de desintegración de la Unión Soviética
y del equilibrio bipolar (Vázquez, 1995).
En el plano de
la descentralización del estado, se presentan tres implicaciones relevantes
(Rodríguez, 1997):
a)
El reconocimiento de la
sociedad territorial como componente autonómico del estado nacional y sujeto de
su propio desarrollo.
b)
La transferencia de
funciones, poderes y recursos del estado central a los gobiernos locales y
sedes ministeriales regionales, y
c)
la apertura de mecanismos de
participación y fiscalización ciudadana.
El plan
económico y social 1989-1994 del gobierno del Presidente Cristiani resumió los
principios filosóficos, los objetivos, los planes y las políticas a ejecutar,
que criticaba al estado de economía mixta, interventor y centralizador, al cual
se le atribuyó la responsabilidad de la crisis económica. Se hizo hincapié en
el papel subsidiario que debía tener el Estado. El Plan se organizó en dos
estrategias: El Plan Económico y el Plan de Desarrollo Social. El Plan
Económico se orientó al corto plazo como política de estabilización
(junio-diciembre de 1990), en tanto que para la acción a mediano plazo se
formuló una Política de Reorientación Económica. En lo que respecta al Plan de
Desarrollo Social, los programas compensatorios que venían desarrollándose,
como Municipalidades en Acción, se
redefinieron como de incidencia o impacto a corto plazo, mientras que los
programas sectoriales de salud, educación, ejecutados por la administración
central y entidades autónomas se diseñaron para el mediano plazo.
Como
instrumentos del Programa Económico y del Programa Social, todas las políticas,
medidas, planes, programas y proyectos se debían ejecutar siguiendo las
directrices de: Modernización institucional, Descentralización, Priorización y
evaluación, Participación y Privatización. A pesar de tomar posición e incluir
la descentralización y la participación como directrices de todas sus
políticas, planes, programas y proyectos en el Plan Económico y Social
1989-1994, resultó evidente que la prioridad del gobierno fueron las políticas
de estabilización económica, para sentar las bases de la política de
reorientación económica, y la negociación del conflicto armado (Morales Erlich
y otros, 1995).
A mediados de
1995, la administración gubernamental de Calderón Sol, presionada por los
Congresos Nacionales de Alcaldes y las agencias AID y GTZ (Cooperación Técnica
Alemana), realizó dos actos administrativos de trascendencia para la
modernización del estado: (1) la creación de la Comisión coordinadora del
Proceso de Descentralización y Desarrollo Municipal, CDM, y (2) la puesta en
circulación del documento provisional de Propuesta de Estrategia de
Descentralización y Desarrollo Municipal
(Morales Erlich y otros 1995). La presión de AID como donante,
condicionó un plan piloto de quehacer municipal en el cual se exigió la
realización de Cabildos cada tres meses, reuniones de Concejo Municipal abierto
y liquidaciones de proyectos anteriores.
Bajo esos
estímulos, el nuevo plan de gobierno concede especial importancia a los
gobiernos locales y a la participación ciudadana en el Plan de Acción del Área
Política para construir una sociedad donde impere la democracia constitucional
en todas sus expresiones, con participación desde las raíces mismas de la
sociedad. Además, como parte de la estrategia global se contempla coordinar,
dentro de una cultura de paz y democracia, el desarrollo municipal. Se propone
promover la autonomía de los gobiernos municipales para convertirlos en
protagonistas del desarrollo de sus comunidades.
Asimismo, los
documentos se refieren a estimular a las comunidades para que participen a
través de cabildos abiertos, junto a los gobiernos municipales, como
protagonistas principales en la búsqueda de soluciones a sus problemas, como
promotores de su desarrollo y terminar con el paternalismo estatal. Para el
desarrollo del sistema democrático propone Implementar programas dé educación
cívica para la democracia y desarrollar políticas y acciones orientadas a
fomentar la participación ciudadana, el desarrollo integral de los gobiernos
municipales.
Referencias:
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separata FUNDALEMPA No 6, en Tendencias
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